domingo, 27 de septiembre de 2009

Las retenciones, los precios, y el desarrollo



por Bruno Susani (Economista)

Las políticas implementadas por el gobierno han permitido a la economía argentina alcanzar un punto de ruptura irreversible con el modelo económico iniciado por el gobierno militar en 1976 y que, consolidado durante el menemismo, se derrumbó durante el gobierno de De la Rua en diciembre del 2001. Dicha evolución, y el echo de que la oposición carezca de un proyecto económico alternativo la han llevado a desarrollar una violenta y desesperada critica de la política fiscal, en particular el impuesto a la renta agraria, las retenciones, que sería “expropiatorio”, y del gasto publico, en particular las subvenciones y la inversión publica que serían “clientelistas”. Los sectores dominantes comprometidos con la vieja economía del protocolo de Washington han desarrollado en los últimos años une critica exaltada, para no decir fanática, a la reintegración del Estado en su rol de regulador en la economía argentina que aparece anacrónica frente a la importante y decisiva acción que este tiene en los países industriales para resolver la crisis financiera internacional o su rol en el fuerte crecimiento económico de los nuevos países industriales.

Consideramos, al contrario, que la intervención del Estado, para adecuar la estructura de los precios relativos a través de las subvenciones es un factor esencial para un desarrollo equilibrado de la demanda y que esta es una variable central del crecimiento. La disminución de los costos de producción es además indispensable para una política exportadora de los sectores no tradicionales. Por otro lado la renta agraria produce un fuerte desequilibrio en la estructura de la inversión y una deformación de los precios relativos. Dada la estructura fiscal regresiva, e injusta, existente en Argentina debemos considerar que el impuesto a la renta agraria permite un reequilibrio de la misma y es funcional para el desarrollo económico.


Precio mundial y precios internos

Adam Smith, en 1776, y David Ricardo, en 1819, definieron la renta de la tierra como la diferencia entre el precio de producción, que incluye el beneficio medio sobre el capital invertido, y el precio de venta del producto agrícola. En el caso general analizado por Ricardo, en una economía cerrada, el precio del mercado será fijado por la empresa que posee la tierra menos productiva, lo cual hace que las otras perciban una renta. Ambos economistas, fundadores de la teoría económica liberal, explicaron que la renta se explica como el resultado del monopolio de la tierra y que toda ganancia monopólica, es un ingreso indebido.
Desde entonces, y hasta hoy, todos los economistas, que sean o no liberales, consideran la renta como un ingreso que debe ser suprimido, ya que produce por un lado una distorsión de los precios relativos y por otro lado un desequilibrio en el mercado de los bienes de capital.

En el caso argentino la problemática es simple: el precio de los “commodities” es fijado por el “mercado mundial”. Por un lado cuando los precios aumentan el área sembrada o utilizada aumentará, y viceversa. Por otro lado la producción de las empresas agrícolas, habida cuenta de la productividad de la tierra, será función de la evolución de los precios. Como los precios de los distintos productos no varían de manera paralela, aquellos cuyos precios aumenten mas rápido verán su producción aumentar mientras que para los otros el área sembrada disminuirá, y viceversa.

En realidad el “mercado mundial” es un recinto, propiedad de empresas, en el cual hay una multitud de computadoras que registran las ordenes de compra y venta de productores y consumidores, de bancos e instituciones financieras, y “determinan” un precio, cuya validez es una convención. Los contratos pueden ser a termino, precios futuros, o inmediatos. A partir de 2006 los grandes bancos y los “hedge found” (fondos de inversión) pasaron a intervenir en esos mercados induciendo una rápida y fuerte alza de los precios que, según los fanáticos de la teología del mercado como los llama Stiglitz (premio Nobel de Economía en 2001), era el resultado “de la libre acción de la oferta y de la demanda”.

Se estaba en realidad en una burbuja especulativa que se terminó provisoriamente con la quiebra de Lehman Brothers el 15 de septiembre del 2008. En junio 2008, un estudio realizado por la Cámara de Representantes y por el Senado de los Estados Unidos mostraba que solo 20% de los contratos en el “mercado” daban lugar a compras y ventas reales y que el 80% eran ficticios o si se prefiere especulativos. El reflujo de la tensiones especulativas luego del agravamiento de la crisis bancaria hizo que los precios “spot” (precios a un instante dado en “el recinto”) cayeran, el precio del barril de petróleo pasó en pocos meses de 150 U$ a 50 U$, y una evolución comparable ocurrió con las otras materias primas.

La vuelta al “mercado” de los traders, en marzo del 2009, impulsó una nueva tensión especulativa y un incremento de los precios, el petróleo cotizando a 70 U$ vale decir su precio en junio 2006 y esta tendencia vuelve a inquietar actualmente a los gobiernos que estudian las medidas para limitar las variaciones provocadas por la especulación.

Lo que no deja de sorprender es que los comentaristas argentinos finjan ignorar esta situación ya que las tensiones especulativas en los precios de las materias primas obligaron a numerosos países a desacoplar los precios internos de los precios “mundiales”. Es el caso de Argelia donde el precio interno del gas fue fijado por el gobierno pero también en Tailandia, Vietnam, etc., que hicieron lo propio con el precio del arroz, etc., mientras que la India, China, etc. pasaron a subvencionar a los consumidores. En los países industriales fueron tomadas medidas compensatorias para limitar el impacto del aumento de los precios de la energía lo cual permite indicar que de manera general todos los Estados intervinieron en “los mercados” para impedir que los incrementos especulativos de precios provocaran distorsiones en la economía ya que incluso los economistas liberales consideraban que los “mercados” no transmitían precios coherentes.

Como lo indicó Ricardo, la renta provoca una distorsión de los precios relativos internos ya que, por ejemplo, los salarios nominales deben ser superiores a los que deberían ser si no existiera la renta agraria, lo cual hace que se incremente el costo salarial sin que ello beneficie a los trabajadores, ya que con un salario superior comprarán un misma cantidad de alimentos. Esta situación será negativa para el desarrollo económico global del país, puesto que se gastará mas en alimentos lo que, para un nivel dado de los salarios, disminuirá la demanda global de bienes manufacturados y de servicios. El remanente de la demanda una vez satisfecha las necesidades alimentarias será inferior al que sería sin la distorsión de los precios relativos provocados por la renta. Finalmente, los precios de los productos manufacturados aumentarán, lo cual inducirá una caída del volumen que podría producirse para un nivel de ingreso interno dado y limitará la posibilidad de exportar, puesto que los costos se incrementaran respecto de los otros países.

La necesidad de garantizar la estabilidad de los precios relativos internos compatibles con el desarrollo supone por lo tanto fijar un impuesto diferencial a las exportaciones para cada producto hasta obtener la estructura de producción agrícola deseada. Dicho de otra manera si las variaciones del precio mundial y la renta agraria de la soja son superiores por ejemplo a la del trigo o de la ganadería, la producción de soja aumentará en perjuicio de la de trigo o de carnes. Si se considera que se debe alcanzar una producción dada de trigo y de carne entonces los impuestos a las exportaciones deberán variar para que la producción de trigo y carne aumente y esto hasta que las rentabilidades de las distintas producciones tiendan a equiparase.


La renta y el crecimiento económico

La renta provoca además un incremento de la tasa media de beneficio lo cual disminuye la cantidad de los proyectos de inversión viables. En efecto, las inversiones se distribuirán entre los distintos proyectos en función del beneficio esperado. La inversión irá así, primero, a los proyectos más rentables y luego a los menos rentables. Como el volumen disponible de activos para la inversión es limitado, toda una serie de proyectos no podrán ser financiados.

En el caso que nos interesa la renta agraria aparece al inversor como formando parte del beneficio global, y el aumento de este, cuando se incrementa el precio mundial, provocará una transferencia de inversiones del sector de los servicios e industrial al sector agropecuario. En particular se observará un incremento del precio de la tierra que es una inversión fija y del alquiler pagado por quienes no la poseen. Cuando el precio mundial de los productos baje como sucedió a fines del año 2008, el alza pasada del precio de la tierra hará que aparezca una perdida en términos contables.

En el sector agrario propiamente dicho el aumento del precio de la tierra producirá además una caída de la inversión de los bienes muebles y de los insumos variables necesarios a la producción agrícola y la productividad física disminuirá, o aumentara menos que podría aumentar en condiciones normales. Esto explica que en las explotaciones agropecuarias en Argentina los “rindes” promedios sean substancialmente inferiores a los que pueden observarse en Nueva Zelanda, Europa occidental, o los Estados Unidos.
Para ilustrar nuestro propósito debemos recordar que los pesos promedios de faena de vacunos en la Argentina son casi inferiores de la mitad a los de la Unión Europea, y que los rindes por hectárea para un producto determinado como el trigo lo son igualmente. Vemos así que, como lo señalaba Ricardo, la renta agraria provoca una distorsión de los precios que limita la inversión tanto del sector industrial y de los servicios, y por ende el desarrollo económico.

Los economistas y comentaristas liberales sostenían, hasta que la crisis financiera mostrara la inconsistencia del postulado neoliberal, que el Estado no debe intervenir en la economía ya que el “mercado” terminará por definir un equilibro de precios y de cantidades que será el más eficiente. Keynes hace 63 años escribió que esta concepción teórica de la realidad podía ser conveniente para los inmortales pero no para nosotros ya que era probable que el quimérico equilibrio, si existe, se producirá cuando estemos muertos. En el caso argentino la defensa del “libre mercado” presenta además otra dificultad ya que dicha teoría es incompatible con la existencia del factor monopólico que lesiona a los intereses de los consumidores y de los inversores como lo muestra la historia argentina reciente.

La supuesta “libertad de empresa” y el “libre mercado” está centrado en la búsqueda de un beneficio de corto plazo, que probablemente sean incluso negativos para aquellos mismos que defienden dicho sistema de manera ciega e intolerante. En dichas posiciones se confunden argumentos económicos de validez discutible y políticas económicas anacrónicas que han llevado el país a vivir la horas más negras de su historia, no solo durante la dictadura en materia de derechos humanos, sino en la destrucción sistemática de los derechos sociales esenciales que son la salud, la educación y la vivienda como lo mostró el agónico final del modelo en diciembre del 2001.

La crítica a la acción económica del gobierno hoy en día no tiene como hemos visto un fundamento en la teoría económica liberal puesto que esta no reconoce la pertinencia de ingresos producidos gracias a posiciones monopólicas, y como lo señaló Paul Kugman (premio Nobel de Economía en 2008) la economía de connivencia no puede ser la base de una política económica sustentable. La defensa de dichas prácticas solo puede servir para consolidar el poder de sectores cuyo proyecto es él de excluir a la mayoría de los argentinos del progreso que permite el desarrollo tecnológico contemporáneo, pero tiene poco que ver con la racionalidad económica que pretenden defender.

1 comentario:

Ester Lina dijo...

Muy buieno este artículo.
Es preciso llevar adelante un modelo económico industrial, que tienda al desarrollo de todos los sectores de la economía, para que crezcamos en la dirección de la distribución de las riquezas producidas, venderlas dentro y fuera del país, y así aumentar el empleo, y la actividad económica interna del país.
Saludos