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Por Luis Paredes (educador social)
luisparedes@cara-o-cruz.com
Uno de los problemas mayores que aquejan a los ciudadanos es “El problema de la seguridad”. No somos angélicos, ni pretendemos evitar el sujeto con argumentos simplemente éticos. El problema es real y se vive todos los días.
La oposición ha hecho de esta realidad uno de sus caballos de batalla en contra del Gobierno actual. Poco vale que la “inseguridad real”, la que nos revelan las estadísticas, sea menor a “la sensación de inseguridad” en la que vive el pueblo.
En épocas electorales, este problema es ampliado, aumentado y utilizado sistemáticamente por los medios de difusión masivos que responden a los dictados de la “Unión de Gentes Cívicas”. Tanto en Argentina, como aquí en Francia lo podemos vivir a cada confrontación democrática. La derecha saca a relucir sus viejas recetas, completamente ineficaces, del punto de vista practico, de “mano dura”, pero que tienen la propiedad de exacerbar los peores instintos del ser humano y por lo tanto aparecen como una solución real posible, de acabar con “la negrada”.
Para poder luchar de manera concreta es necesaria una Política de Estado que tenga los medios de sus ambiciones, y como eje el respeto de los Derechos Humanos del Ciudadano, tanto de las victimas como de los victimarios.
Las causas del fenómeno de los chicos de la calle, asociados indefectiblemente a delincuencia juvenil están bien identificados : la dislocación del ejido social y familiar, producto de las políticas neoliberales aplicadas sin discontinuidad desde 1975, hasta la ruptura que significó los dos últimos gobiernos constitucionales. La obra emprendida desde 2003, que no desestimamos, en beneficio de los que tienen menos no ha sido suficiente. La miseria y su cohorte de calamidades siguen presentes y son inaceptables, como también podemos señalar una cierta cacofonía en los rangos oficialistas y/o institucionales.
Un país que no ofrece un futuro posible a su juventud, de una mejor calidad de vida, es una República muerta. La políticas de prevención pasan entonces por un sistema educativo nacional digno de ese nombre, políticas de salud, de viviendas salubres, mejores transportes y sobre todo trabajo estable y correctamente remunerado.
Otra clarificación necesaria es la legislativa, ya que diferentes leyes se superponen y no permiten una aplicación justa de las penas. Sabemos que el Estado, completamente dislocado por la destrucción neoliberal no es capaz de asegurar en sus establecimientos especializados la seguridad de los menores en peligro y esto es un deber indeclinable del Estado, pero también de la Ciudadanía, consiente de sus Derechos... y Deberes.
En lo inmediato, es necesario impulsar un cambio en la percepción del problema, una revolución cultural, para poder dar una solución de urgencia al problema a corto y mediano plazo. Desde nuestro punto de vista, y con la experiencia vivida en los países “del primer mundo”, la clave no solo se encuentra en lo que enunciamos antes, sino en la participación activa de la Sociedad Civil, a través de las asociaciones que trabajan directamente “sobre el terreno”. La cooperación entre el Estado y la Sociedad civil, es vital. Esta debe realizarse sin “cálculos políticos” directamente entre el Estado y las Asociaciones, sin intervención de otro tipo de “mediadores políticos”. La delegación de Servicio Publico, por subvenciones y contratos sin fines de lucro acordados a quienes combaten diariamente estas lacras heredadas del neoliberalismo es una solución de razón que puede ser implementada rápidamente. Muchas asociaciones rechazan “las subvenciones” para no “politizar su trabajo”. Otras tienen que soportar los ataques de “la mano de obra desocupada” residual sin la protección que el Estado les debe. Las fuerzas de seguridad, adoctrinadas durante años a simplemente reprimir en toda impunidad y fuera de la ley, contribuyen a la falta de dialogo entre estos dos actores, Estado y Asociaciones, que comparten la misma voluntad social.
Sin esta colaboración en bien de todos, los titulares de Clarín y la Nación continuaran a difundir su veneno nefasto.
Incluso, si en toda transparencia, el futuro parlamento adopta leyes que tanto el Ejecutivo como el Poder Judicial ponen en acción, mancomunadamente con la Sociedad Civil, podemos imaginar el titular de Clarín y sus sucursales: “El Estado subvenciona a los Delincuentes”.
La oposición ha hecho de esta realidad uno de sus caballos de batalla en contra del Gobierno actual. Poco vale que la “inseguridad real”, la que nos revelan las estadísticas, sea menor a “la sensación de inseguridad” en la que vive el pueblo.
En épocas electorales, este problema es ampliado, aumentado y utilizado sistemáticamente por los medios de difusión masivos que responden a los dictados de la “Unión de Gentes Cívicas”. Tanto en Argentina, como aquí en Francia lo podemos vivir a cada confrontación democrática. La derecha saca a relucir sus viejas recetas, completamente ineficaces, del punto de vista practico, de “mano dura”, pero que tienen la propiedad de exacerbar los peores instintos del ser humano y por lo tanto aparecen como una solución real posible, de acabar con “la negrada”.
Para poder luchar de manera concreta es necesaria una Política de Estado que tenga los medios de sus ambiciones, y como eje el respeto de los Derechos Humanos del Ciudadano, tanto de las victimas como de los victimarios.
Las causas del fenómeno de los chicos de la calle, asociados indefectiblemente a delincuencia juvenil están bien identificados : la dislocación del ejido social y familiar, producto de las políticas neoliberales aplicadas sin discontinuidad desde 1975, hasta la ruptura que significó los dos últimos gobiernos constitucionales. La obra emprendida desde 2003, que no desestimamos, en beneficio de los que tienen menos no ha sido suficiente. La miseria y su cohorte de calamidades siguen presentes y son inaceptables, como también podemos señalar una cierta cacofonía en los rangos oficialistas y/o institucionales.
Un país que no ofrece un futuro posible a su juventud, de una mejor calidad de vida, es una República muerta. La políticas de prevención pasan entonces por un sistema educativo nacional digno de ese nombre, políticas de salud, de viviendas salubres, mejores transportes y sobre todo trabajo estable y correctamente remunerado.
Otra clarificación necesaria es la legislativa, ya que diferentes leyes se superponen y no permiten una aplicación justa de las penas. Sabemos que el Estado, completamente dislocado por la destrucción neoliberal no es capaz de asegurar en sus establecimientos especializados la seguridad de los menores en peligro y esto es un deber indeclinable del Estado, pero también de la Ciudadanía, consiente de sus Derechos... y Deberes.
En lo inmediato, es necesario impulsar un cambio en la percepción del problema, una revolución cultural, para poder dar una solución de urgencia al problema a corto y mediano plazo. Desde nuestro punto de vista, y con la experiencia vivida en los países “del primer mundo”, la clave no solo se encuentra en lo que enunciamos antes, sino en la participación activa de la Sociedad Civil, a través de las asociaciones que trabajan directamente “sobre el terreno”. La cooperación entre el Estado y la Sociedad civil, es vital. Esta debe realizarse sin “cálculos políticos” directamente entre el Estado y las Asociaciones, sin intervención de otro tipo de “mediadores políticos”. La delegación de Servicio Publico, por subvenciones y contratos sin fines de lucro acordados a quienes combaten diariamente estas lacras heredadas del neoliberalismo es una solución de razón que puede ser implementada rápidamente. Muchas asociaciones rechazan “las subvenciones” para no “politizar su trabajo”. Otras tienen que soportar los ataques de “la mano de obra desocupada” residual sin la protección que el Estado les debe. Las fuerzas de seguridad, adoctrinadas durante años a simplemente reprimir en toda impunidad y fuera de la ley, contribuyen a la falta de dialogo entre estos dos actores, Estado y Asociaciones, que comparten la misma voluntad social.
Sin esta colaboración en bien de todos, los titulares de Clarín y la Nación continuaran a difundir su veneno nefasto.
Incluso, si en toda transparencia, el futuro parlamento adopta leyes que tanto el Ejecutivo como el Poder Judicial ponen en acción, mancomunadamente con la Sociedad Civil, podemos imaginar el titular de Clarín y sus sucursales: “El Estado subvenciona a los Delincuentes”.
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